Perdonan una deuda de 120.843 euros a dos vecinos de Alcoletge que se vieron inmersos en una situación de insolvencia por dos derramas de un piso en propiedad

Perdonan una deuda de 120.843 euros a dos vecinos de Alcoletge que se vieron inmersos en una situación de insolvencia por dos derramas de un piso en propiedad

El piso que tenían fue ejecutado, subastado y adjudicado a una sociedad de una entidad bancaria, pero se les exigió que hiciera frente a la deuda que no quedó cubierta y la difícil situación provocó que la pareja se acabara divorciando

El Juzgado de Primera Instancia (mercantil) número 6 de Lleida ha perdonado una deuda de 120.843, 93 euros a dos vecinos de Alcoletge (62.272,85 euros al hombre y 58.571,35 euros a su exmujer) los cuales se vieron inmersos en una situación de insolvencia originada por dos importantes derramas extraordinarias de la comunidad de vecinos de un piso en propiedad. Además, posteriormente se adjudicó a una sociedad perteneciente a una entidad bancaria tras negarles la dación en pago y les exigieron la deuda que no quedó cubierta por lo obtenido en la correspondiente subasta. En este sentido, el juez aplica la Ley de la Segunda Oportunidad a los clientes de Bergadà Asociados y, por lo tanto, les exonera del pasivo insatisfecho.

En cuanto a los hechos, en el año 2014 la familia decidió trasladarse de una localidad madrileña, donde vivían en un piso en propiedad hipotecado, a Alcoletge para mejorar su calidad de vida y aumentar sus ingresos. Así, dado que la vivienda de la localidad leridana era de alquiler, la pareja decidió alquilar el piso en propiedad por 400 euros al mes, pese a que la cuota hipotecaria ascendía a 600 euros mensuales “De hecho, tardamos un año en alquilarlo y, por eso, tuvimos que poner un precio inferior al que nos hubiera gustado”, comenta la mujer.

De este modo, y teniendo en cuenta que tan sólo tenían el suelo del hombre, ambos se esforzaron al máximo por cubrir los gastos de alquiler de su domicilio de Alcoletge, la hipoteca del piso en la localidad madrileña y sus gastos básicos y los de sus hijos. La situación de complicó en el 2015 cuando la comunidad de propietarios de la vivienda madrileña aprobó dos derramas en pocos meses de diferencia que ascendían a casi 4.000 euros, una carga financiera que resultó imposible de asumir por la pareja. “La segunda fue una sorpresa, ya que a los vecinos que vivíamos fuera no se nos consultó nuestra opinión, pese a que no habíamos podido ir a la reunión”, indica la mujer.

Además, en ese momento ella estaba desempleada, ya que cuidaba los dos hijos menores de edad. Así, los ingresos familiares fueron insuficientes para hacer frente a la hipoteca y los gastos adicionales, lo que les obligó a recurrir a préstamos y tarjetas de crédito para poder subsistir. A pesar de sus esfuerzos, y ante la situación crítica, intentaron una unificación de los créditos, pero la entidad bancaria se lo negó. De hecho, ya no podían seguir asumiendo las cuotas hipotecarias. “Todo se iba complicando cada vez más, porque nosotros queríamos pagar lo que debíamos, pero no había manera. Y me dolió que siempre estuviéramos al día con el banco a la hora de abonar la hipoteca y cuando más necesitamos su ayuda nos la denegaron”, comenta él.

En 2019 la pareja se divorció debido al estrés que la situación financiera ejerció sobre su relación. “Todo aquello acabó pasando factura a nuestra relación”, remarca el hombre. Como parte del acuerdo del divorcio, el hombre se comprometió a pagar una pensión alimenticia mensual y a compartir los gastos básicos de sus hijos a partes iguales. Además, se estableció una pensión compensatoria para la mujer, ya que seguía desempleada y se encargaba del cuidado de sus hijas.

Después del divorcio intentaron una dación en pago de su vivienda madrileña, pero esta solicitud fue rechazada. “No teníamos casi ni para comer y ante esa situación un abogado, que nos asesoró muy mal, nos dijo que dejáramos de pagar y solicitáramos la dación en pago, pero también se nos negó”, comenta la mujer. En el mismo año recibieron un aviso de un Juzgado de Madrid informándoles que su vivienda había sido adjudicada a una sociedad perteneciente a una entidad bancaria y que aún quedaba una deuda hipotecaria pendiente de aproximadamente 46.000 euros, sin tener en cuenta los posibles intereses acumulados y los costos judiciales.

La situación se volvió totalmente insostenible a pesar de los esfuerzos y los negociados con las entidades financieras. “Yo empecé a sufrir una depresión, ya que no podía más con toda aquella situación. Además, empezaron a embargar la nómina de mi exmarido y eso propició que todo empeorara para los dos, ya que no podía hacer frente ni a sus gastos diarios y a la manutención de nuestros hijos, mientras que yo también estaba con el agua al cuello pese a haber encontrado un trabajo. Nos vimos obligados a pedir ayuda a la asistenta social del Ayuntamiento donde vivimos, porque veíamos el futuro muy oscuro. Era una situación insostenible“, expone la mujer.

De hecho, con el suelo actual de la mujer por su empleo también se hacía imposible cubrir los gastos diarios y los de sus hijos, sobre todo teniendo en cuenta que a uno de los menores se les diagnosticó un trastorno que le impedía cursas sus estudios con normalidad. Por su parte, el hombre, como podía, intentaba costear las clases de repaso, pero era insuficiente y mucho menos podían asumir una educación privada para el menor.

Incluso, con el objetivo de dividir los gastos a la mitad, decidieron seguir compartiendo la misma residencia de Alcoletge durante un tiempo. “No fue una decisión fácil, pero no teníamos más remedio, ya que era imposible tirar adelante y nuestros pequeños son nuestra gran prioridad”, indica el hombre. “La familia se encontraba en una situación que ya no sabía cómo hacer frente a sus deudas, que les impedía llevar una vida cotidiana normal”, explica la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà.

Fue en septiembre del año pasado cuando la mujer leyó en la prensa una noticia en la cual a un cliente de Bergadà Asociados se le había perdonado una deuda gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. “Había escuchado sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, pero había abogados que se publicitaban que no me daban ninguna confianza. Al leer esa noticia se la mandé a mi exmarido y decidimos dar el paso”, indica la mujer. Además, añade que “desde el primer momento nos dieron mucha confianza y tranquilidad, y eso hizo que durante el proceso tuviéramos cierta calma”.

Por su parte, el hombre comenta que “mi jefe era consciente de la situación y cuando se lo comenté que queríamos dar el paso me prestó el dinero para iniciar los trámites del procedimiento. Además, debido a todo lo sufrido, aunque en Bergadà Asociados siempre nos transmitieron calma, los nervios siempre estaban presentes por la incertidumbre de si te van a conceder la exoneración del pasivo insatisfecho“.

Por su parte, Marta Bergadà añade que “en todos los casos es clave que los clientes se sientan acompañados constantemente. La confianza que se genera es fundamental, ya que lo están pasando francamente mal y es imprescindible que sientan que estamos a su lado batallando para solucionar la dura situación por la que están pasando”.

Finalmente, su situación cambió recientemente, cuando el Juzgado de Primera Instancia (mercantil) número 6 de Lleida les perdonó una deuda de 120.843, 93 euros a los dos (62.272,85 euros al hombre y 58.571,35 euros a su actual exmujer) gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad. “Al recibir la llamada de Bergadà Asociados sentí una sensación indescriptible. Ahora vemos el futuro de otra manera, ya que hasta ahora no teníamos opción a nada. Todos podremos vivir más tranquilos y sin miedo a los embargos y que nos quiten el dinero que necesitamos para pasar el mes”, concluye la mujer.

Por su parte, el hombre recuerda que “cuando me llamaron iba conduciendo junto a un compañero de trabajo y se me empezaron a saltar las lágrimas. De hecho, tuve que parar y la persona que viajaba conmigo me tuvo que consolar un rato porque no me lo creía. Eso sí, me ha costado asimilarlo, porque han sido unos 10 años de sufrimiento y esto supone un descanso increíble y, sobre todo, un bienestar para los niños, ya que ni nosotros ni ellos nos tendremos que preocupar por esas deudas del pasado”.

Finalmente, Marta Bergadà comenta que “son muchas las familias que están sufriendo desde hace muchos años una situación complicada debido a las deudas. Diariamente, luchan por su bienestar y, sobre todo, por el de sus hijos, pero la pesada carga de las deudas les hace imposible ver futuro con optimismo. Este caso es el claro ejemplo de que se puede salir adelante gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad, por lo que desde nuestro despacho les animamos a que, si son deudores de buena fe, pero han caído en infortunios, no se lo piensen dos veces e inicien el correspondiente procedimiento“.

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